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Sonora: cuatro años de maldición minera
NACIONAL | | 2018-08-06 | Proceso
(Foto: Especial)
Este mes se cumplen cuatro años del “peor desastre” causado por mineras en México: el envenenamiento de los ríos Bacanuchi y Sonora con millones de litros de sulfato de cobre, que afectó gravemente cultivos, ganado y la salud de la población. En todo este tiempo el fideicomiso que crearon el gobierno de Enrique Peña Nieto y la minera Buenavista del Cobre –responsable del crimen ambiental– no ha cumplido las acciones de remediación del daño. Sin embargo, el instrumento financiero ha reportado millonarios gastos de recursos públicos.
La minera Buenavista del Cobre cambió la vida de 22 mil personas de siete municipios de Sonora el 6 agosto de 2014. Al derramar 40 millones de litros de sulfato de cobre al afluente del río Bacanuchi y el río Sonora contaminó 5 mil 573 hectáreas de cultivo, afectó 72 mil 755 cabezas de ganado y provocó daños en la piel, vías respiratorias, riñones y aparato digestivo al menos a 381 sonorenses.

A cuatro años de ese hecho, calificado por el gobierno federal como el “peor desastre ambiental en la historia minera de México”, no se han cumplido las principales promesas del Fideicomiso 80724 Río Sonora que crearon la administración de Enrique Peña Nieto, la empresa mencionada y la Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, a fin de resarcir los daños ambientales, económicos y de salud, por lo que habitantes de 24 comunidades de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures exigen justicia y reparación del daño.

En entrevista con Proceso, Julieta Lamberti, de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), asegura que esa “es una gran deuda del gobierno de Enrique Peña Nieto: la administración hizo responsable a la empresa de dientes para afuera, pero a la hora de la hora no cumplió”.

El pasado 2 de febrero de 2017, sin consultar al Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS), que desde 2014 arropó a parte de los afectados por el desastre ambiental, y con al menos dos juicios de amparo en proceso de resolución, el Fideicomiso 80724 cerró sin realizar tres acciones claves para la remediación de los daños ocasionados por el derrame: la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEA) en Sonora, la apertura y mantenimiento de un total de 63 pozos de agua potable, así como la instalación de 36 plantas potabilizadoras para suministrar agua libre de metales pesados.

Sin embargo, en el resumen de los recursos ejercidos por el Fideicomiso Río Sonora hasta febrero de 2017, se registra que para realizar esas acciones se ejercieron 201 millones 592 mil 484 pesos.

En el sitio de internet del fideicomiso no se detalla el destino de estos recursos públicos y en el único informe que allí difundió el Colegio de Ingenieros Ambientales de México –al que el comité técnico del fideicomiso contrató para supervisar la rehabilitación de los pozos y las plantas potabilizadoras– se observan sólo fotografías de los 10 mil 188 tinacos Rotoplas que se repartieron en 24 comunidades afectadas.

Compromisos incumplidos

En octubre de 2014 el exsubsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lacy Tamayo, anunció la creación de la UVEA en el Estado de Sonora como una acción determinante para remediar el daño que provocó la subsidiaria de Southern Copper Corporation, filial del Grupo México, encabezado por uno de los empresarios más ricos del país: Germán Larrea.

La UVEA atendería por 15 años a los sonorenses con daños en la salud y realizaría pruebas de toxicidad del ambiente hasta 2029.

Según el fideicomiso, se destinaron 78 millones 885 mil 290 pesos a las acciones de atención y seguimiento médico de la UVEA, pero actualmente el edificio ubicado en el municipio de Ures está en obra negra, como corroboró el reportero Milton Martínez.

En abril de 2017 la minera Buenavista del Cobre informó a la ONU que no se concluyó la unidad ni las 36 plantas potabilizadoras de agua porque sería “irresponsable” de su parte, ya que “las autoridades municipales no tendrían la capacidad para explotarlas”.

Según Poder, asesor legal de los damnificados, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que estuvo a cargo del excandidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola Andoni, dejó de dar seguimiento a los sonorenses afectados desde 2016. El último reporte demostró que los casos detectados de intoxicación aguda aumentaron de 19 en septiembre de 2014 a 381 dos años después.

Para Esperanza García Martínez, habitante de Baviácora, la UVEA “no trabajo como debía”, pues “atendieron a quienes quisieron y la mayor parte del tiempo permaneció cerrada. Mi esposo y yo fuimos a consulta. Yo iba con problemas graves de la piel y los riñones, pero nos dijeron así nomás: ‘Devuélvanse a Baviácora para que los curen allá, en el centro de salud’.

“Pero allí no hay análisis, no hay medicina competente para lo que necesitábamos. Tuvimos que curarnos en Hermosillo, en un hospital particular, por lo cual hemos gastado mucho, al igual que mucha gente de aquí.”

En el mismo informe que la minera Buenavista del Cobre hizo llegar a la ONU en 2017 se indica que, según el fideicomiso, se destinaron 125 millones 789 mil 274 pesos para perforar, construir y equipar 63 nuevos pozos para garantizar el acceso al agua libre de contaminantes.

La meta tampoco se alcanzó, pues una solicitud de información (folio 1610100134018) de marzo de 2018 reveló que en el Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo existía información sobre 17 trámites abiertos para la perforación de igual número de pozos.

Lo mismo ocurrió con las 36 plantas potabilizadoras que el comité técnico del fideicomiso se comprometió a instalar en 2014.

El 10 de abril de 2017 la gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y el delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, anunciaron la decisión del Grupo México de reducir de 36 a nueve esas plantas potabilizadoras, argumentando que los monitoreos de Conagua y Cofepris –cuyos resultados y metodología cuestionan los pobladores afectados y Poder– daban cuenta de que el fenómeno de contaminación “se estaba estabilizando”.

No obstante, para este proyecto también se destinaron recursos: de acuerdo con cifras del fideicomiso, se ejercieron 4 millones 722 mil 930 pesos para las nueve plantas potabilizadoras, que hasta la fecha no operan.

La planta fija ubicada en San Rafael de Ures y las cuatro plantas móviles ubicadas de Baviácora, Aconchi, Huépac y Arizpe no funcionan. Las plantas fijas de Mazacahui, San Felipe y La Capilla no pueden operar, pues sólo la de Banámichi cuenta con instalaciones para la autogeneración de energía.

Julieta Lamberti, autora del informe de Poder titulado El Fideicomiso Río Sonora: simulando la remediación privada en un Estado capturado, asegura en entrevista que la principal pregunta es si efectivamente el fideicomiso sirvió para reparar los efectos del derrame.

Lamberti, doctora en ciencia social de El Colegio de México, asegura que si no existió nada irregular en la operación del fideicomiso es obligación de su comité técnico y de la Semarnat explicar sus decisiones y por qué se dejaron de lado los problemas relacionados con la salud de los damnificados.

Por su parte Mario Salcido, miembro del Comité Cuenca del Río Sonora, comenta: “Nos sentimos indignados porque la vida nos cambió completamente. A cuatro años, nosotros esperamos que la empresa pague, no en dinero, sino que nos dé agua, salud, medio ambiente, eso es lo primordial. Podemos vivir bien con salud, con un medio ambiente sano y con agua saludable y sin metales pesados; eso lo tiene que hacer la empresa”.

Esperanza y advertencia

Consultados al respecto, integrantes del Comité de Cuenca Río Sonora manifestaron su esperanza de que una vez que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de la República se haga justicia a los 22 mil afectados y se le exija a la minera Buenavista del Cobre cumplir todas las medidas para resarcir el daño.

A pesar de que López Obrador no se comprometió explícitamente a ello ante los damnificados, miembros del CCRS recuerdan que en sus visitas de octubre de 2014 y de noviembre de 2017, cuando era presidente nacional de Morena, el próximo presidente pidió justicia para la población y exigió que se suspendiera la concesión a la minera.

En efecto, en una gira de dos días por los municipios de Ures, Moctezuma y Nacozari, López Obrador se reunió con militantes de Morena y acusó a Germán Larrea:

“Todo esto que acabamos de escuchar es muestra fehaciente de que las autoridades están divorciadas del pueblo, que el gobierno es un comité del servicio de una minoría rapaz, que no hay un gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Por qué no se hace justicia luego de la contaminación del río Sonora? Porque el responsable principal, el dueño de la minera, forma parte de la mafia del poder en el país. Y están sometidas todas las autoridades.”

Sin embargo, después de su victoria electoral López Obrador y su equipo no han mencionado el asunto. Incluso, así como algunos miembros del CCRS mantienen la esperanza en que reactive la remediación de daños, otros temen que el tabasqueño presente un doble discurso, pues ya tuvo acercamientos con el Consejo Coordinador Empresarial y Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de la Presidencia, se refirió a una “luna de miel” con el sector.

Mario Salcido, miembros del CCRS y afectado, advierte: “En el caso del gobierno que está por llegar, tiene la misma obligación y los habitantes del río Sonora no nos vamos a vencer ni a echar para atrás; vamos a seguir en la lucha por las generaciones que vienen detrás”.

A su vez, la pobladora Esperanza García Martínez envía un mensaje a López Obrador: “Entienda el problema tan grave que hay en todos los habitantes del río Sonora y exija a la minera que ponga una clínica especializada. Las tierras están contaminadas, tenemos que comprar agua para la agricultura… En todos los aspectos nos afectó la contaminación. Ojalá que lo que le digo llegue a oídos del que va a ser nuestro presidente, porque es nuestra única esperanza que Dios y él nos atiendan”.

Este reportaje se publicó el 5 de agosto de 2018 en la edición 2179 de la revista Proceso.